“La Memoria Ilumina el presente”
Adolfo, Pérez Esquivel

La Facultad de Ciencias Médicas ratifica su compromiso de Educar en la Memoria Colectiva, como derecho y ejercicio inalienable en pos de construir una sociedad reflexiva, participativa y solidaria.

El 24 de marzo de 1.976 se estableció en Argentina una dictadura cívico-militar, que duraría siete años, con la participación y complicidad de sectores económicos, empresariales, burocráticos, mediáticos, judiciales y eclesiásticos. En esta etapa reciente y oscura de nuestra historia se perpetraron feroces crímenes de Lesa Humanidad, con desaparición forzada de personas, apropiación de niñas y niños y sustitución de identidad, heridas que aún no sanan.

Los organismos de Derechos Humanos trazaron la senda para construir un consenso social que remedie parte del daño causado. La firmeza de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fueron clave para reconstruir la trama del dispositivo represivo estatal que funcionó entre 1.976 y 1.983 y llegar a los juicios en la Argentina.

Las Abuelas de Plaza de Mayo sembraron un camino de Esperanzas, cuando en 1.977, se convocaron, para emprender el arduo recorrido de devolver la Identidad a sus nietas y nietos apropiados, con el convencimiento de que las luchas no son en soledad, que es necesaria la unidad para batallar por la dignidad y la conquista del Derecho a vivir en la Verdad.

Las abuelas fueron despejando los obstáculos, con los que se encontraron, fue así como en 1.980 se desarrolló el “Índice de Abuelidad”, por un grupo de científicos que asumieron el desafío de ayudarlas, estableciendo un método que permitía llegar a un porcentaje del 99,9% de probabilidad, mediante análisis específico de sangre, cuando aún no existía tecnología para estudiar las secuencias de ADN, esto contribuyó a la creación posterior del Banco de Datos Genéticos. Su lucha en materia de legislación sobre la niñez fue decisivo y revindicada a escala mundial. Hoy cuentan con 132 nietos recuperados que se han reintegrado a su propia historia, y la búsqueda continua.

El devenir histórico de los juicios a los militares comenzó desde la recuperación de la Democracia, cuando el presidente electo Raúl Alfonsín, en diciembre del año 1.983, anuló la Ley de autoamnistía militar (decretada por los militares antes de retirarse del poder), estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el fin de recibir nuevas denuncias e investigar lo sucedido en el marco del terrorismo de Estado y decretó que las Fuerzas Armadas enjuiciaran a sus propios miembros. Esta orden alcanzaba a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares.

El Juicio a las Juntas Militares se llevó a cabo entre abril y diciembre de 1.985, y estuvo restringido a los miembros de las tres primeras Juntas que gobernaron el país entre 1.976 y 1.982: los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; los almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya; los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

Este Juicio generó uno de los fallos más importantes de la historia de la Justicia Argentina y Mundial y goza de reconocimiento internacional por la forma en la que la sociedad argentina y el Estado se responsabilizaron de un pasado atravesado por graves violaciones a los Derechos Humanos

[Como parte de la sentencia en el juicio a las Juntas Militares, fueron condenados a reclusión perpetua los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Emilio Massera; a 17 años de prisión, Roberto Eduardo Viola; a 8 años, Armando Lambruschini; a 4 años y 6 meses, Orlando Ramón Agosti. Fueron absueltos: Omar Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo]

Hacia fines de 1.986, se sancionó la Ley de Punto Final en el Congreso que establecía un plazo final de 60 días para enjuiciar a los militares involucrados en los crímenes de la dictadura. Frente a presiones se sectores militares, en junio de 1987, el gobierno sancionó la Ley de Obediencia Debida que eximía a oficiales medios y subalternos de responsabilidad penal, por los delitos cometidos con el argumento de que habían actuado bajo órdenes de mandos superiores. Los organismos de Derechos Humanos expresaron su rechazo a ambas leyes cuestionando la política del gobierno.

El presidente Carlos Saúl Menem, en el año 1.989, a partir de un discurso de “reconciliación”, firmó los decretos que indultaban a centenares de militares procesados y condenados anteriormente, quedando en libertad los dictadores Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Eduardo Emilio Massera, Armando Lambruschini, y el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros. Esta decisión dejó instalada una política de impunidad y de clausura de un horizonte de Justicia

En 1.998, se ordenó la detención del dictador Jorge Rafael Videla por cinco casos de apropiación. La detención de Videla ocurrió en el marco de la causa históricamente conocida como “Plan Sistemático”, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo.

En el año 2.001, el juez federal Gabriel Cavallo declara la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Este acontecimiento abrió la posibilidad de reiniciar el proceso de justicia, obturado años antes.

En el 2.002, el Congreso Nacional declara el 24 de marzo como el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”

En 2.003, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Senado promulgó la Ley N° 25.779 que anuló las Leyes de Impunidad, tras lo cual se fortaleció la reapertura de causas que se encontraban archivadas y se habilitó la apertura de causas nuevas.

En 2.005, el máximo tribunal de Justicia del país declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida

A partir de 2.006 se multiplicaron en diversas ciudades del país, causas judiciales que logran, luego de cumplir el debido proceso y respetando todos los derechos legales y garantías de los acusados, condenas efectivas contra los represores.

En el 2.017, la Corte Suprema de Justicia admitió, mediante un fallo, otorgar el beneficio de la conmutación de la pena –conocida como “2 x 1”– a criminales condenados por delitos de Lesa Humanidad, la rápida reacción de los organismos de Derechos Humanos acompañados por gran parte de la sociedad.

“El 10 de mayo de 2017, a una semana de emitida la sentencia, se realizó una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo que será recordada como la marcha de los pañuelos blancos. Las imágenes recorrieron el mundo y la histórica consigna “Señores jueces, Nunca Más” volvió a cobrar vigencia en la sociedad argentina”,

Posteriormente el Congreso sancionó una Ley Interpretativa del 2×1 para evitar su aplicación a futuro. Esa ley dispuso que no puede haber indultos, amnistías ni conmutaciones de penas para los crímenes de Lesa Humanidad.

Desde el retorno a la democracia, la fuerza en el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado, se sostuvieron a lo largo del tiempo por las demandas de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de Derechos Humanos y las víctimas de las políticas represivas.

A 47 años de aquel 24 de marzo, recordamos a quienes lucharon por la Justicia y los Derechos Humanos, militando con valentía, compromiso y generosidad por un mundo de iguales.