El 9 de mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Identidad de Género – 26.743- que significó una gran conquista de derechos fundamentales para un colectivo históricamente vulnerado, perseguido y que aún hoy es excluido de muchos ámbitos y registra un promedio de edad que no supera los 35 años.
Los ejes principales de esta ley son: el reconocimiento de identidades de género autopercibidas; la responsabilidad del Estado para resguardar el acceso a la salud integral de las personas travestis y trans, el derecho al trato digno y la no patologización.
La norma argentina, vanguardia a nivel mundial, recogió los Principios de Yogyakarta, que reconocen el derecho a la identidad autopercibida sin requerir ningún tipo de intervención quirúrgica, tratamiento médico, diagnóstico psicológico, ni pericias judiciales.
Sin embargo, la realidad del colectivo travesti trans de nuestro país sigue exponiendo una gran deuda en materia de acceso a derechos básicos laborales, de vivienda, salud y educación. A esto se le suma las vivencias de discriminación y violencias cotidianas, expresadas en crímenes de odio y transfemicidios, registrándose cinco en lo que va del 2022. Hoy seguimos buscando a Tehuel, varón trans desaparecido hace más de un año y de quien todavía no se tienen rastros.
A diez años, seguimos en la pelea de construir ámbitos inclusivos y libres de violencias por motivos de género, integrando a la formación universitaria una mirada con perspectiva de género y derechos humanos.
