El aborto es una problemática de salud pública y la Organización Mundial de la Salud aborda este complejo tema desde principalmente un punto de vista sanitario, pero también aborda los Derechos Humanos y los de la mujer en particular.
La OMS asegura que cada año se realizan 22 millones de abortos “peligrosos” (45% del total), que terminan provocando la muerte a 47 mil mujeres, además de generar discapacidades temporales, permanentes o incluso infertilidad en otras cinco millones. Estos representan el 13% de las muertes maternas.
Según la OMS “independientemente de que haya mayores o menores restricciones legales sobre la realización de un aborto, la probabilidad de que una mujer interrumpa un embarazo no deseado es prácticamente la misma. Dichas restricciones no inciden en una menor cantidad de abortos, ni tampoco en aumentos importantes en los índices de nacimiento, mientras que las regulaciones que facilitan el acceso al aborto tampoco incrementan el número de los mismos”.
La ilegalidad del aborto es una forma más de violencia descargada contra las mujeres, que las obliga a una maternidad no deseada o las empuja a la clandestinidad de un aborto “peligroso”. Allí se degrada a las mujeres, principalmente a las más pobres, quienes son arrojadas en muchos casos a la muerte.
En nuestro país, el aborto es legal desde hace un siglo bajo algunas circunstancias, y desde el 2015 se han reglamentado dichas causales no punibles con el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, para que su acceso quede garantizado sin obstáculos judiciales ni religiosos.
Nuestra facultad fue la primera en el país en incorporar una Materia Electiva “El aborto como problema de salud” con la plena convicción de que las y los profesionales de la salud deben tener formación en esta temática. Y el año pasado el Consejo Directivo mediante la Resolución 2701/2018 hizo expreso su apoyo al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Lo cierto es, que allí donde el aborto es legal, el riesgo de muerte de las mujeres se reduce a casi cero. Es por esto que se considera una necesidad imperiosa para contribuir a mejores condiciones de salud de la población en general y las mujeres en particular.
